Columnistas

Sin datos no hay democracia: medios, elecciones y responsabilidad pública
Por: José Gustavo Hernández Castaño
En una democracia que se toma en serio a sí misma, el papel de los medios y de los columnistas de opinión no se limita a opinar, sino a contribuir a que la ciudadanía comprenda. Bajo esa premisa, esta serie de columnas se propone analizar el desempeño, los resultados y la evolución histórica de los partidos políticos en el Quindío a lo largo del siglo XXI, no desde la intuición ni desde el relato conveniente, sino a partir de datos reales, oficiales y verificables de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). El propósito es aportar al debate público con información sólida sobre el comportamiento electoral de los quindianos, entendiendo que solo una opinión sustentada en evidencia puede enriquecer la deliberación democrática y evitar que el análisis político se reduzca a percepciones, prejuicios o coyunturas pasajeras.
En democracia, el voto no nace en la urna: se gesta mucho antes, en el espacio público donde circula la información. Allí, los datos —o su ausencia— modelan percepciones, orientan preferencias y delimitan el campo de lo pensable. Por eso, en contextos electorales, informar no es un acto neutral ni accesorio: es un ejercicio de responsabilidad pública que incide directamente en la calidad de la decisión ciudadana.
La democracia moderna descansa en un supuesto exigente: que los ciudadanos puedan deliberar antes de decidir. Deliberar implica contrastar hechos, comprender reglas, evaluar trayectorias y ponderar consecuencias. Cuando esa deliberación se sustituye por consignas, rumores o relatos sin sustento empírico, el acto electoral pierde densidad cívica y se aproxima peligrosamente a la adhesión emocional. No se trata de proscribir la opinión —indispensable en toda esfera pública plural—, sino de defender el lugar irrenunciable del dato verificable como base mínima del debate.
En campañas electorales, esta exigencia se intensifica. Los medios de comunicación, en tanto intermediarios entre la política y la ciudadanía, no solo informan: encuadran la realidad. Deciden qué es noticia, qué se jerarquiza, qué se omite y cómo se presenta. Ese poder de agenda y de encuadre no es ilegítimo; lo ilegítimo es ejercerlo sin rigor. Titulares grandilocuentes sin respaldo estadístico, comparaciones antojadizas, cifras sin contexto o proyecciones convertidas en certezas erosionan la confianza pública y empobrecen la discusión democrática.
El periodismo, cuando cumple su función pública, no milita por candidatos ni combate adversarios: contrasta fuentes, verifica datos, explica procedimientos y distingue con claridad entre hechos, interpretaciones y valoraciones. En época electoral, esto implica ir más allá de la declaración y del espectáculo del debate. Significa explicar cómo funciona el sistema electoral, qué efectos tienen las reglas, cómo se leen las encuestas, qué límites metodológicos poseen y qué intereses pueden atravesarlas. Informar bien es, en ese sentido, hacer pedagogía democrática.
La columna de opinión ocupa un lugar distinto, pero no exento de responsabilidad. La opinión es legítima, necesaria y saludable; el problema surge cuando se disfraza de hecho o cuando manipula datos para sostener una tesis previa. Un columnista puede tomar partido, pero no debería falsear cifras, seleccionar evidencia de manera sesgada o presentar conjeturas como verdades. La fuerza de la opinión no reside en el grito, sino en su capacidad de persuadir a partir de argumentos y datos.
Hoy, este debate se vuelve más urgente por la transformación del ecosistema informativo. Las redes sociales, los algoritmos y la lógica de la viralidad premian la simplificación, la polarización y la emoción inmediata. En ese entorno, el dato incómodo —el que exige contexto y explicación— pierde terreno frente al titular que confirma prejuicios. El riesgo no es solo la desinformación abierta, sino la normalización de la información incompleta, esa que no miente del todo, pero tampoco dice lo suficiente para comprender.
Las elecciones, sin embargo, no son un reality ni una contienda de ingenio retórico. Son un acto fundacional de legitimidad. En ellas se decide quién gobierna y bajo qué mandato simbólico. Por eso, reducir el debate electoral a la lógica del rating o del clic equivale a despolitizar la política y a vaciar de contenido el ejercicio democrático. Una ciudadanía informada no es aquella que repite consignas, sino la que entiende los datos, reconoce las tendencias y asume la complejidad de decidir.
Defender el dato no significa caer en un tecnocratismo frío o excluir la dimensión ética y política del debate. Significa, por el contrario, anclar la discusión en la realidad, para que la discrepancia sea fecunda y no una guerra de relatos inconmensurables. La democracia no exige unanimidad; exige reglas compartidas para disentir. Y una de esas reglas básicas es el respeto por los hechos.
En este punto, la responsabilidad es compartida. Los medios deben fortalecer sus estándares de verificación y contexto; los periodistas, resistir la presión de la inmediatez sin rigor; los columnistas, ejercer la crítica con honestidad intelectual; y la ciudadanía, exigir información de calidad y desconfiar de las certezas demasiado cómodas. La democracia no se defiende solo con discursos altisonantes, sino con prácticas cotidianas de rigor y transparencia.
En tiempos de polarización, recordar esta verdad elemental resulta casi subversivo: sin datos no hay deliberación; sin deliberación no hay decisión libre; y sin decisión libre, la democracia se reduce a un ritual vacío. Informar con datos reales y verificables, especialmente en los debates electorales, no es un lujo académico ni una postura moralista: es una condición mínima para que el voto sea algo más que un reflejo emocional.
Al final, la pregunta no es menor ni abstracta: ¿queremos una democracia de ciudadanos informados o una democracia de audiencias movilizadas por el ruido?
La respuesta no se juega únicamente en las urnas. Se juega, día a día, en la forma como los medios informan, como los periodistas investigan y como la opinión pública aprende —o renuncia— a pensar con datos.
El compromiso es claro: analizar con datos oficiales, explicar con rigor y opinar con responsabilidad, porque en democracia —y más aún en tiempos electorales— sin datos no hay democracia.
Próximas entregas (camino al 8 de marzo de 2026)
En las semanas previas a las elecciones legislativas, esta columna presentará análisis de las listas a la Cámara de Representantes por el Quindío, tomando como base su información histórica, su presencia política y social en el departamento, y una conclusión prospectiva hacia el 8 de marzo de 2026.
Las entregas serán:
1. Partido Liberal
2. Cambio Radical
3. Movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno
4. Ahora Colombia (coalición Nuevo Liberalismo + MIRA + Dignidad y Compromiso)
5. Coalición Centro Democrático + Partido Conservador
6. Partidos alternativos:
• Pacto Histórico
• Pacto Frente Amplio
• Fuerza Ciudadana
• La Fuerza de la Paz
(*) Magíster en Ciencias Políticas Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
E-mail:gerencia@bambucomunicaciones.com gustavo.hernandez@bambucomunicaciones.com
El financiador intimidante: el poder que no se postula, pero manda
Por: José Gustavo Hernández Castaño
Hay un error frecuente al hablar del poder real en ciertas regiones del país: imaginarlo como algo etéreo, lejano, casi místico. No lo es. Ese poder no figura en el tarjetón, no se somete a debates, no arriesga un nombre en la plaza pública. Pero está. Se mueve. Presiona. Condiciona. Se hace sentir con una mezcla de presencia y anonimato: visible en sus efectos, invisible en su responsabilidad.
Ese es el poder contemporáneo en su versión más rentable: no el que promete, sino el que dispone; no el que argumenta, sino el que ordena; no el que pide respaldo, sino el que lo exige (para sus candidatos). No necesita exponerse como aspirante porque controla algo más eficaz que la simpatía: el acceso. Acceso a avales, a listas, a estructuras, a contratos, a silencios. En ese universo no hacen falta aplausos; basta la obediencia.
Durante años se nos repitió que la corrupción era una anomalía: un funcionario torcido, un contrato inflado, un escándalo esporádico. Una “manzana podrida”. Hoy resulta ingenuo sostenerlo. La corrupción más dañina no siempre hace ruido: arma sistemas. No necesariamente roba a la vista: acomoda el tablero. No requiere el cargo: gobierna sobre quienes lo ocupan.
Cuando el dinero, la intimidación y la capacidad de premiar o castigar sustituyen al ciudadano como fuente real de poder, la política deja de ser deliberación y se convierte en mecanismo de control. El objetivo ya no es persuadir a la gente, sino administrar quién puede competir, quién se inscribe, quién se mueve, quién se calla. La democracia no desaparece: se queda como escenografía, con luces encendidas y libreto cerrado.
El Quindío es un laboratorio elocuente de esta lógica. No porque sea una rareza nacional, sino porque allí el modelo opera con una nitidez casi brutal. El poder no se esfuma: se camufla. No se postula, pero interviene. No firma decretos, pero los condiciona. No posa en las fotos, pero decide quién entra en la foto y quién queda por fuera del encuadre.
De ahí surge una política regional extrañamente homogénea: alianzas que se repiten como reflejos, listas que parecen calcadas, avales que responden menos a debates internos y más a acuerdos previos. Cuando la diversidad desaparece de la competencia, no estamos ante madurez democrática: estamos ante control.
Y ojo: aquí el poder no siempre se cuida de parecer “suave”. A veces se expresa en pasillos, llamadas, recados, advertencias e intimidaciones veladas. Lo que evita es la exposición pública, porque la exposición trae preguntas. Y las preguntas exigen explicaciones. Y las explicaciones son incompatibles con un esquema que funciona mejor sin luz directa.
En este engranaje, los partidos dejan de ser casas políticas y se vuelven plataformas transaccionales. Importa menos lo que se piensa que a quién se responde. La ideología se usa como etiqueta; la coherencia, como estorbo. La lealtad se mide por utilidad: hoy sirve, mañana se reemplaza. Así, la democracia interna —esa que permitiría disenso, debates y sorpresas— se interpreta como un fallo de seguridad.
Por eso ciertas listas no se abren. Abrirlas sería permitir que ingresen actores impredecibles. Y la imprevisibilidad es el enemigo natural de un poder que necesita certidumbre total: una fila ordenada, un guion sin improvisaciones, una obediencia que no haga preguntas.
Una lista reciente a corporación pública —avalada por Cambio Radical, aunque bien podría llevar otro rótulo— condensa con claridad el engranaje. No por los nombres en sí, sino por el tipo de piezas que reúne.
Está, primero, el político profesional: exalcalde, hoy congresista. Conoce el aparato, domina los códigos, entiende la anatomía real del poder territorial. Su mayor valor no es una visión transformadora, sino la confiabilidad operativa, su obediencia al patrón. En sistemas cerrados, la continuidad suele cotizar más que las ideas.
Le sigue la candidata todoterreno, esa figura ya habitual en la política regional: la que cambia de toldo sin despeinarse, la que hace de la elasticidad una identidad. Ha transitado por varios partidos y coaliciones con la soltura de quien no carga anclas ideológicas. Siempre está “en la jugada”, siempre “en el lado correcto” según el calendario electoral. Su fortaleza es adaptarse; su debilidad, justamente, es que esa adaptabilidad plantea una pregunta incómoda: ¿qué proyecto representa, aparte de sí misma?
Y completa el cuadro el debutante: joven, sin trayectoria política conocida, pero con una entrada acelerada a la escena. Su impulso no parece provenir de procesos sociales, ni de liderazgos comunitarios, sino de vínculos familiares y entornos de poder económico. Eso, en sí mismo, no es delito; pero sí es un dato que despierta inquietudes cuando se mezcla con referencias públicas a escándalos y señalamientos que han rondado instituciones como Fiduprevisora y el FOMAG. En política, las sombras no necesitan sentencia para proyectarse: basta el ruido, basta la duda, basta la sospecha instalada.
No hace falta dictar condenas desde una columna. Para eso existen los jueces. En opinión pública, a veces es suficiente con observar la lógica: ninguno de estos perfiles está diseñado para incomodar el orden establecido. Encajan. Funcionan. Son administrables. Cumplen roles dentro de una maquinaria que detesta las disonancias.
Aquí los candidatos no son el centro del poder: son su prolongación visible. La autoridad real opera detrás, con capacidad de presión, con presencia intimidante, con poder de veto. No manda desde la ausencia, sino desde la asimetría: puede imponer sin responder.
El daño democrático es profundo. Cuando el ciudadano percibe que la competencia está pactada antes de empezar; que las decisiones se toman antes de votar; que las listas son vitrinas de acuerdos y no resultados de deliberación, aparece el retiro: a veces en forma de abstención, otras en forma de cinismo, otras —la más temida— en forma de voto castigo.
Y ese es el punto ciego del poder en la sombra: no controla la percepción colectiva. Puede disciplinar dirigentes, ordenar listas y asegurar avales, pero no puede evitar que la gente concluya que está de más. El ciudadano puede tolerar incoherencias, giros ideológicos y mediocridad. Lo que no tolera indefinidamente es la sensación de irrelevancia.
Ninguna sombra es eterna. El poder sin rostro siempre termina chocando contra una pregunta que no logra responder: ¿a quién representa? Y cuando esa pregunta se vuelve conversación pública, el edificio —por sólido que parezca— empieza a crujir. Se comprende entonces por qué temen la luz: su fortaleza está en la penumbra.
La democracia puede ser presionada, condicionada y manipulada durante un tiempo. Pero cuando el ciudadano decide volver a contar, ningún poder —por invisible que se crea— queda a salvo.
La pregunta que no se puede aplazar
Con todo lo dicho sobre el poder que actúa desde la sombra, que no se postula, pero decide, que arma listas, reparte avales y exige obediencias, la pregunta que queda no es abstracta ni académica. Es concreta. Es electoral. Es ciudadana:
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¿Debe el ciudadano respaldar con su voto una lista que parece diseñada no para representar intereses colectivos, sino para garantizar la continuidad de un poder que no da la cara?
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¿Tiene sentido legitimar en las urnas un engranaje político donde los candidatos parecen piezas intercambiables y el verdadero decisor nunca se somete al escrutinio público?
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¿Votar por esa lista es un acto de representación democrática o una forma de convalidar un sistema que funciona precisamente para no depender del ciudadano?
Y, sobre todo: Si el poder real no compite, no debate y no responde,
¿por qué el elector debería prestarle su voto para que siga gobernando desde otros nombres?
Tal vez la pregunta final sea la más incómoda, pero también la más honesta:
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¿Es momento de seguir validando ese modelo por inercia, o de usar el voto —el único instrumento que no controlan— para interrumpir el libreto y abrir otras opciones políticas?
Porque al final, la democracia no se corrige con discursos ni con denuncias abstractas, sino con una decisión simple y concreta frente al tarjetón: el voto castigo
Seguir obedeciendo el guion… o cambiarlo.
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Magíster en Ciencias Políticas
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Investigador en historia política y comportamiento electoral
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