​En una democracia que se toma en serio a sí misma, el papel de los medios y de los columnistas de opinión no se limita a opinar, sino a contribuir a que la ciudadanía comprenda. Bajo esa premisa, esta serie de columnas se propone analizar el desempeño, los resultados y la evolución histórica de los partidos políticos en el Quindío a lo largo del siglo XXI, no desde la intuición ni desde el relato conveniente, sino a partir de datos reales, oficiales y verificables de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). El propósito es aportar al debate público con información sólida sobre el comportamiento electoral de los quindianos, entendiendo que solo una opinión sustentada en evidencia puede enriquecer la deliberación democrática y evitar que el análisis político se reduzca a percepciones, prejuicios o coyunturas pasajeras.

En democracia, el voto no nace en la urna: se gesta mucho antes, en el espacio público donde circula la información. Allí, los datos —o su ausencia— modelan percepciones, orientan preferencias y delimitan el campo de lo pensable. Por eso, en contextos electorales, informar no es un acto neutral ni accesorio: es un ejercicio de responsabilidad pública que incide directamente en la calidad de la decisión ciudadana.

La democracia moderna descansa en un supuesto exigente: que los ciudadanos puedan deliberar antes de decidir. Deliberar implica contrastar hechos, comprender reglas, evaluar trayectorias y ponderar consecuencias. Cuando esa deliberación se sustituye por consignas, rumores o relatos sin sustento empírico, el acto electoral pierde densidad cívica y se aproxima peligrosamente a la adhesión emocional. No se trata de proscribir la opinión —indispensable en toda esfera pública plural—, sino de defender el lugar irrenunciable del dato verificable como base mínima del debate.

En campañas electorales, esta exigencia se intensifica. Los medios de comunicación, en tanto intermediarios entre la política y la ciudadanía, no solo informan: encuadran la realidad. Deciden qué es noticia, qué se jerarquiza, qué se omite y cómo se presenta. Ese poder de agenda y de encuadre no es ilegítimo; lo ilegítimo es ejercerlo sin rigor. Titulares grandilocuentes sin respaldo estadístico, comparaciones antojadizas, cifras sin contexto o proyecciones convertidas en certezas erosionan la confianza pública y empobrecen la discusión democrática.

El periodismo, cuando cumple su función pública, no milita por candidatos ni combate adversarios: contrasta fuentes, verifica datos, explica procedimientos y distingue con claridad entre hechos, interpretaciones y valoraciones. En época electoral, esto implica ir más allá de la declaración y del espectáculo del debate. Significa explicar cómo funciona el sistema electoral, qué efectos tienen las reglas, cómo se leen las encuestas, qué límites metodológicos poseen y qué intereses pueden atravesarlas. Informar bien es, en ese sentido, hacer pedagogía democrática.

La columna de opinión ocupa un lugar distinto, pero no exento de responsabilidad. La opinión es legítima, necesaria y saludable; el problema surge cuando se disfraza de hecho o cuando manipula datos para sostener una tesis previa. Un columnista puede tomar partido, pero no debería falsear cifras, seleccionar evidencia de manera sesgada o presentar conjeturas como verdades. La fuerza de la opinión no reside en el grito, sino en su capacidad de persuadir a partir de argumentos y datos.

Hoy, este debate se vuelve más urgente por la transformación del ecosistema informativo. Las redes sociales, los algoritmos y la lógica de la viralidad premian la simplificación, la polarización y la emoción inmediata. En ese entorno, el dato incómodo —el que exige contexto y explicación— pierde terreno frente al titular que confirma prejuicios. El riesgo no es solo la desinformación abierta, sino la normalización de la información incompleta, esa que no miente del todo, pero tampoco dice lo suficiente para comprender.

Las elecciones, sin embargo, no son un reality ni una contienda de ingenio retórico. Son un acto fundacional de legitimidad. En ellas se decide quién gobierna y bajo qué mandato simbólico. Por eso, reducir el debate electoral a la lógica del rating o del clic equivale a despolitizar la política y a vaciar de contenido el ejercicio democrático. Una ciudadanía informada no es aquella que repite consignas, sino la que entiende los datos, reconoce las tendencias y asume la complejidad de decidir.

Defender el dato no significa caer en un tecnocratismo frío o excluir la dimensión ética y política del debate. Significa, por el contrario, anclar la discusión en la realidad, para que la discrepancia sea fecunda y no una guerra de relatos inconmensurables. La democracia no exige unanimidad; exige reglas compartidas para disentir. Y una de esas reglas básicas es el respeto por los hechos.

En este punto, la responsabilidad es compartida. Los medios deben fortalecer sus estándares de verificación y contexto; los periodistas, resistir la presión de la inmediatez sin rigor; los columnistas, ejercer la crítica con honestidad intelectual; y la ciudadanía, exigir información de calidad y desconfiar de las certezas demasiado cómodas. La democracia no se defiende solo con discursos altisonantes, sino con prácticas cotidianas de rigor y transparencia.

En tiempos de polarización, recordar esta verdad elemental resulta casi subversivo: sin datos no hay deliberación; sin deliberación no hay decisión libre; y sin decisión libre, la democracia se reduce a un ritual vacío. Informar con datos reales y verificables, especialmente en los debates electorales, no es un lujo académico ni una postura moralista: es una condición mínima para que el voto sea algo más que un reflejo emocional.

Al final, la pregunta no es menor ni abstracta: ¿queremos una democracia de ciudadanos informados o una democracia de audiencias movilizadas por el ruido?

La respuesta no se juega únicamente en las urnas. Se juega, día a día, en la forma como los medios informan, como los periodistas investigan y como la opinión pública aprende —o renuncia— a pensar con datos.

El compromiso es claro: analizar con datos oficiales, explicar con rigor y opinar con responsabilidad, porque en democracia —y más aún en tiempos electorales— sin datos no hay democracia.

Próximas entregas (camino al 8 de marzo de 2026)

En las semanas previas a las elecciones legislativas, esta columna presentará análisis de las listas a la Cámara de Representantes por el Quindío, tomando como base su información histórica, su presencia política y social en el departamento, y una conclusión prospectiva hacia el 8 de marzo de 2026.

Las entregas serán:

1. Partido Liberal

2. Cambio Radical

3. Movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno

4. Ahora Colombia (coalición Nuevo Liberalismo + MIRA + Dignidad y Compromiso)

5. Coalición Centro Democrático + Partido Conservador

6. Partidos alternativos:

• Pacto Histórico

• Pacto Frente Amplio

• Fuerza Ciudadana

• La Fuerza de la Paz

(*) Magíster en Ciencias Políticas Asesor en direccionamiento estratégico de campañas

E-mail: gerencia@bambucomunicaciones.com gustavo.hernandez@bambucomunicaciones.com