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Columnistas
El corolario Trump de la Doctrina Monroe y la lucha de clases en Latinoamérica.
Por HORACIO DUQUE GIRALDO
En la recomposición geopolítica del mundo actual con la correspondiente redistribución de los espacios territoriales y continentales entra las actuales potencias imperialistas a la vieja usanza, tal como las caracterizo Lenin en su texto clásico sobre el imperialismo en la fase superior del capitalismo (distribución de territorios, mercados y dominios del poder financiero/bancario), la tendencia mas notable es el repliegue del poderío gringo hacia sus áreas iniciales de expansión en su entorno inmediato con la correspondiente infraestructura política, cultural, naval y militar. Que es como se conoció en su momento la Doctrina Monroe (1823), soporte del despojo de territorios a México, Colombia (Canal de Panamá), Republica Dominicana y de golpes militares para imponer dictaduras sangrientas favorables a las multinacionales petroleras, mineras, bananeras, salitreras y del oro.
La Doctrina Monroe estableció que América era para los americanos de Washington y ninguna otra potencia tenia espacio en esta área vital del poderío gringo; así, la región al sur del Rio Grande quedo convertido en el Patio trasero del Supremacismo blanco norteño.
Con la nueva doctrina de seguridad de Trump se quiere dar un giro retroactivo/regresivo a la historia para regresar al sistema de las cañoneras y la imposición imperialista en toda la región y en las cuencas del Caribe y el Pacifico.
Además, ese adefesio incoherente (plagado de errores) del departamento de Estado ignora el contexto global actual para tratar de impedir la presencia en los países latinoamericanos del gobierno Chino, con todas sus fortalezas tecnológicas, logísticas, científicas y en materia de infraestructura de vías, puertos y modernos sistemas de transporte (trenes, metros).
Pretender cerrar la región con un papel y con un portaaviones es simple y llanamente un infantilismo imperialista trumpiano condenado al fracaso.
Además, proponerse asfixiar y amendrentar a los pueblos latinoamericanos con deportaciones masivas, con invasiones a Venezuela para apoderarse de su riqueza petrolera, con aranceles demenciales, con gobiernos fachos y violentos, dispuestos al empleo de la masacre, el asesinato de lideres sociales y los montajes judiciales, es completamente absurdo y delirante.
El señor Trump y su rosca de asesinos lo que están logrando es la exacerbación de la lucha de clases y la intensificación de la resistencia popular y social de las masas de Latinoamérica.
Lo cierto es que en las naciones de la región hay un nuevo escenario de contradicciones sociales desatado por la demencia imperial que representa el señor Trump, que le plantea un desafío político a la izquierda revolucionaria en sus procesos de organización, de articulación, de consolidación de nuevos modelos de acción política (tácticas y estrategias)
Esos desafíos se hacen mas evidentes con las resignificaciones culturales y políticas de las corrientes emergentes de la derecha que en el fondo son una recomposición de las ideologías del nazismo y el fascismo. En el ambiente del auge de las derechas históricas con sus nuevas narrativas, la izquierda radical debe ir al corazón del pueblo para organizarlo, educarlo y recargarlo en su potencia histórica como generadora de derechos, de subjetividades vivas.
Cepeda plantea ataque de fondo contra la megacorrupción
Por HORACIO DUQUE*
La campaña electoral para elegir el próximo presidente de Colombia y la integración del poder legislativo cobra intensidad en el debate público nacional.
El candidato Ivan Cepeda gana cada vez más preponderancia y fuerza. Su propuesta “Tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida” gana espacio la necesidad de dar sostenibilidad a los cambios adelantados por el actual gobierno en el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y ambientales.
Entre el conjunto de iniciativas de Cepeda, se destaca su propuesta para organizar un poderoso sistema de lucha y ataque contra la megacorrupción, y un modelo de austeridad que trascienda el esquema neoliberal.
Recojo en este texto los aspectos esenciales de su reflexión sobre la megacorrupción, que pretende despojar centenares de billones de pesos de los presupuestos públicos.
Para Cepeda, la corrupción es un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana.
Se trata de un mal que han intentado minimizar la oligarquía pese al daño devastador que le ha causado a Colombia. Cepeda habla de la gran corrupción, de esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza de la ciudadanía y nos arrebata el futuro. No es un caso aislado ni una manzana podrida, es un sistema que hay que desmantelar con decisión y con coraje.
Durante décadas, como opositor, Cepeda enfrentó sin temor a poderes tenebrosos. Lo hizo en las calles, en los debates de control político, en la investigación rigurosa y en la denuncia documentada. Ese ha sido su compromiso: poner la verdad por delante y defender lo público.
Por eso le duele y avergüenza que en el actual Gobierno hayan ocurrido hechos como los que involucran a Olmedo López, quien protagonizó el más descarado robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
“Quien toca esos recursos les roba a los más vulnerables, le arrebata alivio al que lo perdió todo. No hay eufemismos posibles, es un proceder abiertamente criminal”, dice Cepeda.
“No llegamos al Estado para repetir lo que combatimos, sino para erradicarlo”, afirma. Por eso, en un segundo Gobierno para consolidar el cambio social, vamos a fortalecer la justicia, mejorar el sistema de alertas tempranas para prevenir los actos de corrupción y optimizar la devolución de lo saqueado, con el fin de recuperar recursos y destinarlos a los programas sociales, nos emplearemos a fondo para que nada ni nadie vuelva a profanarlos.
A la sociedad colombiana hoy no le basta un perdón; le debemos un compromiso inequívoco, una lucha sin cuartel contra la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios ni impunidad, con transparencia total y resultados verificables.
Por eso, presenta su propuesta concreta, viable e imperativa para enfrentar entre todos este mal.
Veamos la propuesta que se le hace a los colombianos desde la candidatura de la Izquierda de Pacto Histórico.
Lo que se busca es definir con precisión el problema, comprender su naturaleza y su verdadera dimensión, y aplicar en consecuencia, la investigación rigurosa, la justicia efectiva. Esto requiere una acción institucional en alianza con la participación ciudadana y los movimientos sociales, investigaciones a fondo, sanciones ejemplares y recuperación de lo robado.
En el último medio siglo, en Colombia hemos pasado de la corrupción a la gran corrupción. Lo primero es definir con claridad de qué estamos hablando. El término «corrupción» ya no basta para describir lo ocurrido en el Estado y en la sociedad durante las últimas décadas.
De actos individuales, episódicos y relativamente simples —que involucraban a unos cuantos agentes del Estado y a algunos particulares en delitos como el soborno—, hemos pasado a la macro corrupción: la descomposición generalizada de instituciones y poderes públicos, y operaciones complejas de estructuras que despliegan actividades concertadas en las que participan un gran número de personas.
En esos conciertos para delinquir actúan múltiples actores de distinta naturaleza: legales (empresarios, políticos) y aparentemente legales, pero aliados con la ilegalidad, ilegales (mafias, grupos armados).
En años recientes se han visto operaciones de gran escala para capturar e, incluso, reconfigurar el Estado. Por ejemplo, la parapolítica impulsada por el uribismo fue la más significativa de esas expresiones, y llegó a incluir la toma de una porción significativa del Congreso de la República.
Para tener una idea de lo que estamos hablando, basta enunciar algunas cadenas delictivas que hacen parte de la interminable lista de la megacorrupción en el país.
Hoy, cada año, se saquean billones de pesos del erario; institutos y dependencias estatales se convierten en cuotas clientelares y burocráticas de mafias políticas; la contratación pública se asigna mediante gigantescos sobornos y licitaciones amañadas; la adquisición de suministros en dependencias estatales se ha convertido en fuente de lucro para algunos funcionarios; muchos trámites de la administración pública exigen el pago de «comisiones»; los congresistas se han convertido en tramitadores de prebendas y contratos; en las elecciones se presentan fraudes periódicos que distorsionan los resultados definitivos; los puertos y las aduanas son fortines politiqueros para negociar el contrabando con grupos armados y mafias.
Ese entramado delictivo, según Cepeda, alcanza incluso los gastos esenciales para la vida de los colombianos: los recursos de la salud, los fondos para la paz, el dinero destinado a la reparación de las víctimas y los recursos para atender a comunidades afectadas por desastres naturales, que los «Olmedos» de turno no vacilan en saquear.
Se trata de verdaderos aparatos que operan en red para acumular capital, afectan todas las ramas del poder público y configuran la administración en todos los niveles del Estado.
Ninguna instancia está a salvo, e incluso dependencias del poder judicial y los órganos de control han sido puestos al servicio de las redes criminales.
Por esta, entre otras razones, la impunidad de la corrupción se mantiene incólume prolongándose en el tiempo. En 2024 alcanzó una tasa del 94 %. De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95 % y 12 están entre el 90 % y el 94,9 %. A su turno, Bogotá tiene un 88 % de impunidad.
Así, la macro corrupción inflige un daño estructural al país:
deslegitima y erosiona la democracia; quiebra las reglas de la competencia económica al favorecer a unos pocos actores poderosos; corroe la ética pública; alimenta la violencia para encubrirse o mantenerse, y reduce la política a un mercado de intereses y ambiciones en el que todo vale, incluso perpetrar los peores crímenes. Esa lógica, desprovista de respeto por las leyes, se ha normalizado como modo de ser y de ascenso en la sociedad.
A esta tragedia nacional debemos decir: ¡ya basta! El próximo Gobierno progresista debe liderar el comienzo de un viraje histórico anticorrupción.
Si esa es la dura realidad que afrontamos, ¿en dónde reside el problema del enfoque tradicional que se está aplicando y que posibilita la impunidad?
De acuerdo con lo que han advertido destacados investigadores nuestras políticas anticorrupción han fallado no por falta de normas, sino por problemas de enfoque.
Hemos mirado la corrupción con lentes estrechos y microscópicos.
Necesitamos una mirada estructural y sistémica a la medida de las dimensiones de este flagelo; que convierta la lucha anticorrupción en una causa nacional, y esta causa en una verdadera política de Estado, con nueva arquitectura institucional, jurisdiccional y de reparación social.
En Colombia, la corrupción suele analizarse con una lógica penal reductiva y equivocada. La corrupción no es la suma de delitos individuales; es una macro criminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades.
Así como un genocidio no puede reducirse a una suma de homicidios, la gran corrupción no puede abordarse con el tratamiento penal del caso individual, o la sumatoria de casos individuales.
Se trata al corrupto como a un delincuente común al que se le impone una pena de cárcel proporcional al dinero usurpado, pero se descuidan los daños reales que el aparato criminal al que pertenece ese delincuente causa sobre las víctimas.
Es usual que algunos salgan de prisión con más riqueza y más poder. Eso debe terminar.
El sistema judicial no está para hacer más poderosos a los delincuentes corruptos, sino para proteger y resarcir a los millones de compatriotas víctimas de este flagelo. La corrupción tiene víctimas directas, comunidades rurales y urbanas, niñas y niños sin escuela, pacientes sin medicina, familias sin agua, jóvenes sin oportunidades, territorios sin vías de comunicación.
Por lo tanto, el sistema judicial tradicional, centrado en castigos penales a personas, se queda corto. Si no hay ataque frontal a la estructura criminal, desmantelamiento de sus subestructuras y redes, extinción efectiva de dominio, reparación a las víctimas y recuperación de lo robado, la impunidad se recicla.
Requerimos un modelo integral que ataque la renta, el silencio y el territorio de la corrupción, fiscalización rigurosa y transparente del gasto público; decomiso ágil de bienes ilícitos en el país y fuera de este; y una justicia que escuche a las comunidades, repare el daño y priorice inversión donde más se ha perdido.
Colombia ya cuenta con desarrollos jurisprudenciales y técnicos para aplicar esta perspectiva sin depender de organismos internacionales. Lo que ha faltado es voluntad política.
Crear el Sistema Nacional contra la Macro corrupción.
Cepeda propone entonces para tal fin la creación del Sistema Nacional contra la Macro corrupción, una arquitectura institucional coherente que actúe de principio a fin. Un sistema con cinco pilares que se refuerzan mutuamente: prevención e información; investigación especializada; juzgamiento eficaz con reparación; presencia decidida en los territorios, y movilización ciudadana.
Primero: Transparencia, prevención e información.
Pasaremos de reaccionar a anticiparnos. La transparencia y la información en tiempo real serán nuestra primera línea de defensa.
Fortaleceremos la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y daremos autonomía real — técnica, administrativa y presupuestal— a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, garantizando su independencia y su capacidad de investigación con enfoque sistémico.
Pondremos a funcionar plenamente el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) como plataforma abierta y preventiva. Construiremos un sistema de alertas tempranas contra la macro corrupción, articulando bases de datos, trazabilidad del gasto y señales de riesgo.
Segundo: Investigación y juzgamiento con enfoque de sistema.
Crearemos, en la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Investigación de la Macro corrupción. Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados.
Esta unidad identificará los aparatos y estructuras de la macro corrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional, sectorial y regional, y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad.
Aplicaremos metodologías de macro criminalidad, como las usadas frente a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.
Crearemos una instancia de juzgamiento especial, al más alto nivel posible, para los casos de corrupción sistémica.
Las sentencias incluirán medidas de reparación integral para víctimas individuales y colectivas.
La macro corrupción también deja víctimas y territorios heridos, y deben ser reparados.
Tres. Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción.
Canalizaremos a este fondo todos los capitales y recursos expropiados a los corruptos para reparar no solo el dinero público malgastado, sino también los daños materiales e inmateriales causados a víctimas individuales, colectivas y a la sociedad.
Cuando la corrupción golpee un sector, como la salud, por ejemplo, los recursos recuperados se destinarán a fortalecer ese sistema y a reparar a sus víctimas. Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido.
Fortaleceremos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que la recuperación de bienes ilícitos se traduzca en obras y servicios para la gente.
Evaluaremos, además, la aplicación de modelos de justicia restaurativa en este campo.
Cuatro: Presencia decidida en los territorios.
Llevaremos la acción coordinada del sistema de justicia a los lugares con mayores índices de corrupción e impunidad, con capacidad real de investigación y juzgamiento en el terreno. Donde más roban lo público, más presente debe hacerse el Estado.
Trabajaremos para que surjan alianzas territoriales anticorrupción, que integren a los movimientos sociales, las ciudadanías, el sector privado con la acción del Estado de derecho.
Quinto: Movilización de la sociedad.
Ningún país derrota la macro corrupción solo
desde los despachos. Necesitamos ciudadanía vigilante y organizada. Junto con movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado, promoveremos un gran movimiento nacional de participación, control y fiscalización social.
Impulsaremos una cultura de integridad que empiece en la escuela y llegue a cada oficina pública, a cada empresa y a cada familia. La transparencia debe ser una práctica cotidiana, no un discurso.
La sociedad debe sostener una estrategia de rechazo moral y ético frente a los corruptos y a todo acto ilícito relacionado con la corrupción.
La participación ciudadana será vínculo y motor: veeduría, seguimiento, denuncia responsable.
Acompañaremos a las víctimas de la corrupción, cuya memoria, exigencia de verdad y reivindicación de justicia son definitivas para triunfar en esta causa.
Todas estas propuestas de Cepeda reflejan su compromiso ético con Colombia y los sectores populares de su población. No se trata de un discurso más, ni de una exposición demagógica, pues surge de un líder comprometido a lo largo de su vida con los intereses comunes de la sociedad.
La austeridad republicana.
Al tiempo con esta gran propuesta para enfrentar la megacorrupción, Cepeda plantea construir un sistema legal para la austeridad republicana y antineoliberal.
Para tal efecto presentara al poder legislativo, con mensaje de urgencia y prioridad una Ley de Austeridad Republicana. Y mientras se aprueba dictara medidas ejecutivas para controlar los gastos de funcionamiento y orientar cada peso hacia el bienestar social.
2. Fin de los privilegios y lujos en el alto gobierno
Los miembros del gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo.
Se reducirá salario del Presidente de la República y el de las ministras y ministros.
Las condiciones de vivienda, transporte, seguridad y descanso se ajustarán estrictamente a lo necesario para ejercer sus funciones, sin lujos ni excesos.
Se realizara una revisión rigurosa del gasto en publicidad, funcionamiento y representación. Todo gasto suntuario será eliminado.
Cada peso ahorrado será destinado al gasto social.
3. Revisión de privilegios en todas las ramas del poder público.
Se invitará al Congreso, al Poder Judicial y a los gobiernos locales a revisar sus propios privilegios y gastos superfluos, respetando la independencia de poderes.
Se presentará al país un informe detallado de esta revisión para que la ciudadanía conozca quién cumple y quién se resiste.
El servicio público debe recuperar su esencia: humildad, entrega y compromiso con la gente.
4. Adquisición de bienes y contratación estatal.
Toda compra, arriendo, contratación de obra o adquisición de vehículos estará bajo estricta vigilancia para evitar derroche o malversación. Los entes de control deberán ejercer supervisión especial dentro y fuera del país.
5. Actividades oficiales y viajes.
Reuniones, actos y comisiones oficiales, congresos, convenciones y celebraciones estarán sujetas a criterios estrictos de economía. Los viajes al exterior o dentro del país deberán ser indispensables y austeros. Y cualquier costo adicional en viáticos, alojamientos o beneficios especiales deberá ser asumido por el propio funcionario.
Una revolución ética es la que plantea el candidato Iván Cepeda desde la izquierda; propuesta que debe reunir a los sectores no violentos y constitucionalistas de la vida política, en momentos en que la ultraderecha fascista amenaza con aniquilar violentamente a los partidos y militantes de la izquierda revolucionaria.
* Horacio Duque es historiador y analista político
Abelardo, el “Patriota” fascista colombiano.
Por diversas razones (la quiebra del 2008, la globalización neoliberal y la pandemia del Covid) hoy asistimos a un auge de miedo de las derechas más recalcitrantes con resignificaciones en sus bases teóricas y conceptuales a partir de un ataque a lo woke, identificado como un izquierdismo delirante y disolvente de valores esenciales en la tradición más conservadora. Para las nuevas derechas el “les” (como expresión lingüística) es la degradación absoluta de la familia, la religión, la patria y la civilización.
Así, somos testigos del avance incontenible de nuevas derechas políticas a las que muchos llaman derechas extremas. No hay duda, el planeta (Colombia no parece ser la excepción) está virando políticamente hacia la derecha.
Explicar esta tendencia demanda desde la izquierda un profundo análisis y el alcance de esta nota no tiene esa pretensión. Pero tal fenómeno es algo evidente, algo que todos palpamos.
Por lo pronto, baste con decir que hay tres derechas caracterizadas, Colombia así lo muestra. Hay una derecha hibrida con voluntades centrípetas, proclive a las alianzas, a partir de la hegemonía de un polo más radical en su enfoque tradicionalista, nacionalista y populista. Son derechas viejas y nuevas.
Una es la derecha histórica. Es una derecha religiosa, adicta a la familia, patriarcal, que es bastante conocida.
La otra es la derecha que bien puede identificarse como la derecha empresarial (industrial, comercial y financiera), apareció en el periodo de la modernidad industrial en las antípodas de la derecha originariamente monárquica. Liberal en lo económico, a veces también en lo político, suele acercarse a posiciones progresistas, si eso es conveniente para blindar sus intereses; pero también hacia posturas afines a regímenes dictatoriales cuando se encuentra amenazada por los cambios izquierdistas.
Y hay una tercera derecha que bien puede designarse derecha populista (o derecha “revolucionaria” dicen algunos), se trata de un proceso relativamente nuevo. Es populista porque conjuga dos elementos vertebrales a todo populismo: un líder mesiánico y/o épico y grandes movimientos de masas, condiciones que han hecho decir a no pocos expertos que esa derecha populista es un nuevo fascismo adaptado a las condiciones que priman en las democracias liberales de hoy.
Sin embargo, anotemos acá, en muy pocas oportunidades la derecha populista se encuentra en condiciones de llegar por sí sola al poder, de modo que debe acordar alianzas con otras derechas a fin de obtener la mayoría absoluta que requiere para gobernar, que es lo que está en curso en Colombia con el actual proceso electoral. Eso supone que su agresividad se vea atenuada, en parte, por los partidos constitucionalistas de derecha. Por lo mismo, si esa derecha obtiene la primera mayoría, bregará por la unidad de derechas, pero al mismo tiempo intentará imponer su hegemonía sobre el resto de las derechas, que es lo que pretende Uribe Velez con varios de sus alfiles.
En ese contexto, hay en la actualidad una candidatura presidencial que parece reflejar la derecha populista en alza. Me refiero al nombre del abogado de ex paramilitares y piratas financieros, Abelardo de la Espriella, con un innegable repunte en las encuestas conocidas hasta el momento.
Abelardo se está presentando como un Patriota ejemplar.
El del patriotismo es un discurso pegajoso que cae de perlas al nacionalismo, la religión, la propiedad y la familia; conceptos sobre los que la derecha alega un monopolio cultural absoluto.
La izquierda colombiana esta advertida de lo que se viene con esta narrativa.
Patria es una categoría resbalosa. Algunos lo usan como un sinónimo de nación, error en el que incurre la propia RAE. La acepción más simple indica que Patria es “lugar, ciudad o país en que se ha nacido”. En el uso más común, patria es el lugar originario que se añora.
Una vez alguien definió patria como el lugar en que a uno le gustaría morir. Otros lo usan en su sentido semántico, “patria es el país de los padres” o “tierra de los padres”, definición un tanto arriesgada pues ata a cada uno con un pasado imaginario y puede usarse incluso en sentido étnico o racista.
Pero hay una manipulación fascista de la Patria como está ocurriendo en muchos Estados del mundo.
Precisamente en contra del uso fascistoide del concepto de patria, Jürgen Habermas propuso el término de “patriotismo constitucional”. De acuerdo a ese término, el patriotismo sería deslugarizado y pasaría a convertirse en adhesión voluntaria a la constitución del país donde uno reside. La idea, siendo buena, tiene, sin embargo, un problema: convierte el término patriota en un sinónimo de ciudadanía
Ciudadanía, supone en efecto, el reconocimiento y la aceptación de la norma constitucional del país donde uno reside. De ahí que, podríamos decir que patria es más bien un concepto vinculado, no tanto con el nacimiento, sino con lugares y costumbres del país que cada uno añora.
Así, patria, tiene que ver más que con condiciones objetivas, con sentimientos subjetivos. Por eso hablamos de amor patrio y no de amor constitucional. Y si es amor, solo puede ser voluntario, pues hasta ahora nadie ha inventado el amor obligatorio.
El giro que este concepto político está teniendo hoy bien se puede relacionar con la redacción de la Estrategia de Seguridad Interior de Estados Unidos que designa como “partidos patriotas” a los partidos nacionalistas y populistas de la extrema derecha de varios estados
Ese concepto fascista de Patria es el que está levantando el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la actual campaña electoral para escoger el próximo presidente de Colombia.
Se trata de un patriotismo antipatriota y así hay que denunciarlo. Es una rebelión contra la paz y la democracia que debe ser desenmascarada.
* Horacio Duque es historiador y analista político
Colombia: Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2026.
En el primer semestre del 2026, Colombia estará inmersa en decisivos procesos electores que van a definir la organización del poder político en el plano nacional. El 8 de marzo se harán las votaciones para elegir los integrantes del poder legislativo nacional (Cámara de representantes y Senado); el 31 de mayo se adelantará la primera vuelta de la elección presidencial, y de ser necesario, el 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta que definirá el próximo jefe de la Casa de Nariño.
Sera un proceso electoral mediado por la presencia y gestión de un gobierno de izquierda en el que las libertades democráticas y los derechos civiles y sociales (salario mínimo, reforma laboral, reforma pensional, entrega de tierras a campesinos y acceso gratuito a educación superior) han gozado de especial protección, no obstante, la crónica violencia rural asociada con el problema del narcotráfico y el sabotaje de la ultraderecha en el congreso y las Cortes con bloqueos e intentos de golpes de estado.
Con la mirada puesta en las fechas electorales todos los actores políticos se han volcado en la organización de sus infraestructuras políticas, los procedimientos adecuados y en la definición de sus estrategias y tácticas correspondientes.
La Izquierda y su tendencia más fuerte, el Pacto Histórico PH, realizó una inédita y novedosa Consulta popular partidista entre sus militantes y simpatizantes el 25 de octubre del 2025 (época muy fría en lo político y electoral) que registro una alta participación política (casi 3 millones de votantes) en la que el escogido fue el senador Ivan Cepeda y en la que la ex ministra de Salud, Carolina Corcho, registro, igualmente, una altísima votación (700 mil sufragios a favor), confirmándose como la lideresa y cabeza de lista del PH al senado de la república.
Hay otros núcleos de la izquierda y la centroizquierda con sus propias dinámicas que han dispuesto y organizado sus listas, candidatos, logos y símbolos en la perspectiva de las definiciones parlamentarias y de la jefatura del próximo gobierno. Me refiero al Frente Unido del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; a los procesos jalonados por el influyente ex senador Roy Barreras; por el ex Ministro Juan Fernando Cristo; y a la presencia del ex alcalde Lucho Garzón quien encabeza la lista del Partido Verde al Senado.
Estas fuerzas políticas democráticas, en su gran mayoría (no participara Carlos Caicedo que se va hasta la primera vuelta), van a escoger un solo candidato presidencial en varias consultas interpartidistas que se realizarán el 8 de marzo con las elecciones parlamentarias.
Por los lados de la ultraderecha, la derecha y la centro derecha, hay varias movidas, todas monitoreadas por el ex presidente Álvaro Uribe. Hay dos candidatos fuertes: Abelardo de Laspriella (derecha neo populista tipo Abascal, Kast, Milei, Orban y Banon) y Sergio Fajardo Moreno, de origen antioqueño, del puro centro, pero ligado a la familia de la esposa de Álvaro Uribe, la señora Lina Moreno, de buen recibo en la cultura política de las clases medias urbanas del Eje Cafetero y toda la región “paisa”; hay como otros 7 candidatos que van de la ultraderecha al centro (Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa) que también harán una consulta para escoger su candidato presidencial que por las encuestas será la senadora Paloma Valencia, la señalada por Uribe Vélez.
En el centro no uribista y ultraderechista paramilitar, destacan otras candidaturas con audiencia electoral como la de la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia Lopez, el ex canciller petrista, Luis Gilberto Murillo y Santiago Botero (alias Balín, de estirpe paramilitar)
Con Ivan cepeda, encabezando de manera muy sólida las encuestas para ser el próximo presidente de los colombianos, la ultraderecha y Uribe Vélez intentan calcar la reciente ruta electoral de la extrema derecha chilena encabezada por Kast, Káiser y Matthei, de macartismo anticomunista contra la candidata Jara, que propicio su fuerte derrota. Esto es, ir con tres candidatos del campo neofascista, a la primera vuelta para determinar la fuerza hegemónica, que en ese caso fue la de Kast, quien resultó electo en la segunda vuelta de diciembre para retomar la oscura herencia de Pinochet, en gran medida como consecuencia de la desastrosa gestión de Boric.
Las encuestas publicadas hoy domingo 25 de enero del 2026, adelantadas por Guarumo y Eco analítica indican que Cepeda será el ganador, tanto de la primera como de la segunda vuelta. Quiere decir que habrá segunda vuelta dando nuevas oportunidades al campo del uribismo encuadrado en un solo bloque, muy seguramente con Abelardo de Laspriella o Paloma Valencia como únicos candidatos.
El “factor Trump”.
En todo este cuadro político habrá que considerar el impacto electoral del “factor Trump” y del próximo encuentro el 3 de febrero entre Trump y Petro en Washington, del que saldrá una agenda contaminada por la guerra al narcotráfico, las extradiciones, las fumigaciones de los cultivos de coca, el ataque a las mesas de la paz total con los urabeños (principal grupo paramilitar exportador de cocaína: 2800 toneladas de coca) y otras disidencias de las Farc; y muy probablemente un “Plan Colombia 2.0” para liquidar al Eln en la frontera de Colombia con Venezuela.